Compras públicas, explicadas en simple

Un organismo publica las bases en Mercado Público y cualquier proveedor habilitado puede ofertar. Gana la oferta más conveniente según los criterios de evaluación de las bases, que no siempre es la más barata.

Funciona como una licitación, pero solo ofertan los proveedores que el organismo invita: al menos tres del rubro. Requiere una resolución fundada y se usa, por ejemplo, cuando una licitación pública quedó sin oferentes.

El organismo contrata a un proveedor sin concurso. Solo procede por las causales que fija la ley, como proveedor único, emergencia o una licitación previa sin ofertas, y debe publicarse en Mercado Público. La ley también lo llama contratación excepcional directa con publicidad.

Es un catálogo electrónico de productos y servicios estandarizados y de uso frecuente. ChileCompra licita quiénes entran al catálogo y luego los organismos compran ahí con una orden de compra. Antes de licitar, el organismo debe revisar si lo que necesita está en el catálogo.

Es una compra por Convenio Marco de más de 1.000 UTM. El organismo publica su intención de compra, invita a todos los proveedores adjudicados de esa categoría y les da al menos 10 días hábiles para ofertar.

La vía más rápida, para compras de hasta 100 UTM. El organismo pide al menos tres cotizaciones por Mercado Público, dirigidas primero a empresas de menor tamaño y proveedores locales. No hay bases extensas: basta la orden de compra aceptada.

• Quien fue condenado en los últimos dos años por prácticas antisindicales o por vulnerar derechos fundamentales de sus trabajadores.
• Quien fue condenado por delitos concursales, cohecho, lavado de activos o financiamiento del terrorismo.
• Quien debe impuestos por más de 500 UTM durante más de un año, o entre 200 y 500 UTM durante más de dos, sin convenio de pago.
• Quien debe cotizaciones previsionales o de salud a sus trabajadores por más de 12 meses.
• Empresas en liquidación o con prohibición de contratar con el Estado.
• Funcionarios del mismo organismo que compra, sus cónyuges o convivientes civiles, sus parientes cercanos y las sociedades en que participen.

Son las micro, pequeñas y medianas empresas según sus ventas anuales: hasta 2.400 UF (micro), hasta 25.000 UF (pequeña) y hasta 100.000 UF (mediana). Tienen preferencia en la Compra Ágil y son las únicas que pueden formar una UTP. Si además tienen su domicilio en la región donde se entrega el bien o el servicio, son proveedores locales.

Un acuerdo entre empresas de menor tamaño para presentar una sola oferta, sin crear una sociedad nueva. Sirve para sumar experiencia y capacidad en una licitación, un Convenio Marco o un trato directo, y vale solo para ese proceso.

Solo empresas de menor tamaño, sean personas naturales o jurídicas. Si participa una empresa grande, la oferta es inadmisible. La excepción son los contratos para la innovación y el diálogo competitivo.

Dos o más: la ley no fija un máximo. Cada integrante debe estar hábil en el Registro de Proveedores y no puede participar en otra UTP ni presentar otra oferta en el mismo proceso.

Con un acuerdo que se adjunta a la oferta. En procesos de menos de 1.000 UTM basta un instrumento público o privado; desde 1.000 UTM debe ser una escritura pública.

Todos. El acuerdo debe establecer la responsabilidad solidaria de los integrantes y nombrar un representante o apoderado común con poderes suficientes.

Como mínimo, todo el contrato, incluidas sus prórrogas. Si un integrante queda inhábil antes de la adjudicación, la UTP puede seguir sin él o retirarse.

Identifica a las empresas lideradas por mujeres. Se asigna automáticamente en el Registro de Proveedores, sin trámite: a proveedoras personas naturales y a empresas con más del 50% de propiedad femenina, gerenta general o mayoría de representantes legales mujeres, entre otros criterios.

Certifica que la empresa ya redujo su jornada: al menos el 80% de sus trabajadores con jornada ordinaria de 40 horas semanales o menos. Exige estar al día en las cotizaciones previsionales y no tener condenas por vulnerar derechos fundamentales. Se postula en línea.

Distingue productos chilenos tradicionales con un fuerte vínculo con su lugar de origen. Lo entrega el Instituto Nacional de Propiedad Industrial al registrar una indicación geográfica, una denominación de origen, una marca colectiva o una marca de certificación. Lo obtienen productores, artesanos y empresas que elaboran esos productos.

Reconocimientos como el Sello de Excelencia Energética, del Ministerio de Energía y la Agencia de Sostenibilidad Energética; el programa Huella Chile, del Ministerio del Medio Ambiente, que reconoce la medición y reducción de emisiones; la certificación de Acuerdos de Producción Limpia (APL), o la norma ISO 14001. Las bases indican cuáles aceptan y cómo se acreditan.

Es el conjunto de normas y controles internos de la empresa para prevenir faltas a la probidad, conocido por su personal. Muchas bases lo evalúan con puntaje y piden acreditarlo.

Es el sistema que adopta la empresa para prevenir delitos como el cohecho, el lavado de activos y los delitos económicos de la Ley 21.595: un encargado de prevención, la identificación de riesgos, protocolos y un canal de denuncias. Lo pueden certificar entidades inscritas en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Algunas bases lo aceptan para acreditar el programa de integridad: revisa qué documento pide cada una.

Las otorgan organismos certificadores acreditados. Son frecuentes en los criterios de calidad técnica, sobre todo en obras y servicios. En seguridad laboral, muchas bases evalúan además la tasa de accidentabilidad, que se acredita con un certificado de tu mutualidad.

Certifica que la empresa aplica un sistema de gestión de igualdad de género y de conciliación de la vida laboral, familiar y personal. El Reglamento de Compras permite criterios que promuevan la igualdad de género, y algunas bases consideran esta certificación.